[1]
Ante la gran complejidad e incertidumbre que presenta la situación global y regional, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante un encuentro virtual paralelo a la cuarta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible.
El evento Enfoque de derechos y recuperación sostenible en América Latina y el Caribe [2], fue inaugurado por Jan Jarab, Representante Regional para América del Sur, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo de Ecuador y Presidente de la Alianza Mundial de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por su sigla en inglés) y contó con la presentación central de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Durante su intervención, Alicia Bárcena recalcó que la actual crisis derivada de la pandemia del COVID-19 no es igual para todos, sino que las personas -en particular las mujeres-, los pueblos y los países más vulnerables son también los más afectados.
"Ciertamente la pandemia es también una crisis de derechos humanos, no solo afectando a las personas más vulnerables sino también mermando significativamente las capacidades de los Estados y poniendo en riesgo la realización de los derechos de todas y todos. En efecto, el cuidado de la Madre Tierra y la garantía de los derechos humanos están íntimamente ligados", destacó.
La máxima representante de la CEPAL hizo además referencia al documento Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [3], presentado en este cuarto Foro y en el cual se sugiere concentrar la atención en ocho sectores que pueden ser los motores del nuevo estilo de desarrollo: 1) La transformación de la matriz energética hacia energías renovables; 2) La movilidad sostenible; 3) La inclusión y revolución digital; 4) La industria manufacturera de la salud; 5) La bioeconomía y soluciones basadas en la naturaleza; 6) Valorizar y expandir la economía del cuidado; 7) La economía circular; y 8) El turismo sostenible.
Asimismo, celebró la pronta entrada en vigor del Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, el próximo 22 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra.
"Invertir en la construcción de confianzas y en el trato justo de las personas tiene retornos positivos tanto para el ambiente como para el desarrollo. Es por ello que ahora, cuando la situación global y regional reviste gran complejidad e incertidumbre, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca", enfatizó.
Para finalizar, Alicia Bárcena, realizó un homenaje a Chico Mendes, defensor de la Amazonia y del medioambiente, asesinado por ello, e invitó a reflexionar en torno a la necesaria integración del enfoque de derechos humanos en la recuperación post pandemia.
"Ha llegado el momento de la acción. El mensaje de la Agenda 2030 es claro: los desafíos que enfrentamos no pueden ser abordados por ningún actor por sí solo. Es por ello que celebro este diálogo multiactor en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible", concluyó.
Por su parte, Jan Jarab, Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), afirmó que el Acuerdo de Escazú y su foco en las personas defensoras del medioambiente constituye una herramienta valiosa para la recuperación pospandemia.
“Todos los países deben ratificar este acuerdo que posiciona a América Latina y el Caribe como un precursor mundial”, señaló.
Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo de Ecuador y Presidente de GANHRI, en tanto, subrayó que el gran horizonte es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos del futuro, en un entorno resiliente e inclusivo.
El encuentro Enfoque de derechos y recuperación sostenible en América Latina y el Caribe [2], fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH); la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA); el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) de Costa Rica; la Cooperación Alemana, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, GIZ (a través del programa MINSUS); el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; la Federación Iberoamericana del Ombusdman (FIO); el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI), la Alianza Mundial de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) y el Instituto Danés de Derechos Humanos.
Participaron, además de representantes de éstas organizaciones, Milagros De Camps, Viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana y Roxie Mc Leish-Hutchinson, Secretaria Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Asuntos de CARICOM, de Granada, entre otros expositores, en un panel que fue moderado por la joven “Champion” del Acuerdo de Escazu, Laura Serna.