El reciente Informe Extraordinario sobre Desigualdad Global del G20 advierte que entre 2000 y 2024 el 1% más rico del mundo capturó el 41 % de toda la nueva riqueza, mientras que el 50 % más pobre apenas accedió al 1 %. 

Esa concentración extrema no es solo un problema económico, sino también la raíz de la crisis ambiental global: el 1 % más rico es responsable de una cantidad de emisiones de carbono equivalente a la generada por los dos tercios más pobres de la humanidad (Oxfam, 2023). 

Esta crisis se vive de forma directa en los territorios: desastres y desplazamientos forzados, estrés hídrico, pérdida de ecosistemas y conflictos por recursos. En América Latina y el Caribe, el 25% de la población carece de acceso a agua potable (CEPAL), y el Banco Mundial estima que el cambio climático podría impulsar hasta 216 millones de migraciones internas hacia 2050 si no se aceleran medidas de mitigación y adaptación. 

En este contexto, Latinoamérica ha sido escenario de grandes disputas y desafíos vinculados a la agenda ambiental y el cumplimiento de los ODS. La región albergó las dos principales COPs y múltiples eventos de importancia mundial. No obstante, el debilitamiento del multilateralismo y el reordenamiento del financiamiento dejan a los gobiernos locales y los territorios —quienes más sufren las consecuencias y asimetrías de la crisis ambiental— en una situación de desamparo. 

Frente a este escenario, los gobiernos locales adquieren mayor relevancia. Son ellos quienes atienden e implementan las acciones en territorio para dar cumplimiento a los ODS y a los objetivos de la Agenda 2030, especialmente en un contexto donde las prioridades nacionales fluctúan y aparecen discursos que relativizan la urgencia climática. 

En este marco, el Frente Ambiental Latinoamericano emerge como una respuesta política, territorial y programática a los límites del multilateralismo actual. Se trata de una iniciativa impulsada por gobiernos subnacionales que busca articular una voz común de la región en los espacios internacionales, fortalecer la cooperación horizontal entre territorios y promover una agenda ambiental anclada en la justicia social. 

Objetivo general 
Compartir experiencias de gobiernos subnacionales para identificar brechas, demandas y posibilidades de articulación que permitan acelerar la implementación de los ODS en el territorio. 

Objetivos específicos
1. Visibilizar y promover el trabajo que realizan los gobiernos subnacionales como impulsores de los ODS en el territorio. 
2. Identificar instrumentos de gobernanza multinivel que aceleran implementación subnacional. 
3. Promover acciones que habiliten el acceso de los gobiernos subnacionales al financiamiento climático como forma de reparación y justicia.